En toda la región, y especialmente en Argentina, las retóricas negacionistas han sido instaladas como instrumento en la “batalla cultural” para romper los consensos democráticos. La memoria anti-dictatorial, en su carácter resistente y crítico, es indispensable para confrontar el autoritarismo y el vaciamiento de políticas fundacionales de los sistemas democráticos.
En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, tanto los que atravesaron dictaduras como conflictos armados internos en el pasado reciente, se verifica en la última década un ascenso de las retóricas negacionistas, relativistas o abiertamente reivindicatorias del pasado autoritario, así como la expansión de una narrativa anti-derechos. Esto implica un quiebre respecto de ciertos consensos mínimos que habían estructurado el debate público en varios países de nuestra región desde los procesos de transición a las democracias o los acuerdos de paz. Las nuevas narrativas cuestionan también las principales herramientas que las sociedades encontraron para elaborar colectivamente sus pasados conflictivos y traumáticos, así como el activismo en derechos humanos que ha sido central en el impulso y sostenimiento de esos procesos.
Los estados de América Latina y el Caribe han avanzado –aunque de manera heterogénea y aún deficitaria- en la construcción de políticas públicas orientadas a la memoria, la verdad y la justicia respecto de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en contextos de dictaduras y conflictos armados internos. Estos avances encuentran sus raíces en las primeras medidas de justicia transicional adoptadas durante los procesos de retorno a las democracias y firma de acuerdos de paz, como la creación de comisiones de la verdad, la apertura de investigaciones judiciales, la identificación y restitución de víctimas y la adopción de medidas iniciales de reparación, que sentaron las bases para el reconocimiento estatal de los hechos y la condena institucional de la violencia sistemática.
Con el paso del tiempo, estos procesos se fueron ampliando en algunos de nuestros países, materializándose en mayor cantidad de juicios penales, creación de sitios y archivos de memoria, actos públicos de reconocimiento, reformas educativas y políticas de reparación integral. En conjunto, estas medidas han constituido pilares fundamentales para la consolidación democrática en la región.
Sin embargo, tales avances conviven hoy con desafíos persistentes y nuevas amenazas. La impunidad de quienes perpetraron o idearon graves violaciones a los derechos humanos continúa siendo uno de los problemas que más afectan y re-victimizan a nuestras comunidades. A ello se suma la persistencia de violaciones actuales que guardan continuidad estructural con las del pasado, así como la tendencia observada en diversos países hacia la reiteración del involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana y la regresión en políticas de memoria, verdad, justicia y reparación.
Particularmente, se verifica además en la última década un ascenso de las retóricas negacionistas, relativistas o abiertamente reivindicatorias del pasado autoritario, así como la expansión de una narrativa anti-derechos. Del análisis regional, surgen ciertos patrones recurrentes que organizan estas narrativas:
1. Negación lisa y llana de las interrupciones al orden constitucional o de la existencia misma de dictaduras o conflictos armados internos.
2. Negación del carácter sistemático de la violencia estatal.
3. Negación o minimización de la responsabilidad estatal en la comisión de graves violaciones.
4. Relativización de la magnitud de los crímenes.
5. Negación de los dispositivos represivos utilizados (centros clandestinos, desapariciones forzadas, masacres, tortura, ejecuciones, violencia de género).
6. Disputa o relativización del número de víctimas.
7. Descalificación de las instituciones de justicia transicional (comisiones de verdad, institucionalidad derivada de acuerdos de paz, juicios, políticas de memoria).
8. Reivindicación o justificación del accionar estatal en clave contrarrevolucionaria.
9. Construcción de una narrativa paralela que reclama una “memoria completa” como forma de equiparar responsabilidades y restaurar justificaciones de la violencia estatal.
10. Hostigamiento creciente hacia organizaciones de derechos humanos, víctimas y sobrevivientes.
Desde nuestra perspectiva, estas posiciones no pueden ser entendidas simplemente como disputas interpretativas legítimas sobre el pasado reciente.
En primer lugar, se estructuran en torno a la negación o relativización de hechos documentados, investigados y, en numerosos casos, judicialmente establecidos. No procuran abrir debates basados en nuevas evidencias o reinterpretaciones historiográficas sustentadas, sino que tienden a deslegitimar los procesos institucionales que validaron esos hechos: comisiones de verdad, decisiones judiciales, mecanismos de búsqueda, políticas de memoria.
En segundo lugar, la negación de la violencia estatal convive paradójicamente con su reivindicación. Se cuestiona su sistematicidad o su magnitud, pero simultáneamente se exaltan sus fines, su supuesto carácter contrarrevolucionario o su funcionalidad frente a amenazas internas. De este modo, lo que se relativiza en términos fácticos se legitima en términos políticos y morales.
En tercer lugar, la apelación a una “memoria completa” o a la necesidad de “equilibrar responsabilidades” suele operar como un dispositivo que, bajo una apariencia de neutralidad, reinstala marcos justificatorios de la violencia estatal.
En este sentido, entendemos que estas nuevas discursividades no sólo disputan la interpretación del pasado, sino que intentan reorganizar una legitimidad social para la violencia estatal extrema que la narrativa transicional había logrado restringir. Al negar el carácter criminal de esa violencia, relativizar sus efectos y reivindicar sus fines, buscan erosionar el consenso democrático construido en torno a su inadmisibilidad y reinstalar condiciones simbólicas favorables para su justificación y rehabilitiación en el presente.
Por otro lado, no se trata de meras opiniones aisladas de ciudadanos comunes o usuarios de redes sociales, sino que en numerosos casos son promovidas o reproducidas por altos funcionarios públicos, parlamentarios y otras voces con relevancia social, lo que les confiere un impacto institucional y simbólico de especial gravedad. Tampoco se trata de discursos inocuos sino que tienen efectos concretos. Inciden en la sostenibilidad de las políticas de memoria, verdad, justicia y paz: en el funcionamiento de sitios de memoria, en la preservación y apertura de archivos, en la continuidad de programas educativos, en la legitimidad de decisiones judiciales, y afectan la dignidad de las víctimas.
Esta dinámica compromete obligaciones estatales en materia de verdad, memoria y no repetición ya que el cumplimiento de estas obligaciones no se agota en la existencia formal de juicios o conmemoraciones. Exige un compromiso activo del Estado con la preservación de la memoria histórica y con la consolidación de una cultura democrática fundada en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Para alertar sobre este panorama y solicitar intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitamos, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, una audiencia temática 1 en el mes de marzo de este año, en coincidencia con el aniversario de los 50 años del Golpe de Estado de Argentina.
Regional: Efectos del negacionismo en las políticas de memoria, verdad y justicia - Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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El caso argentino
Si bien en el escenario político y cultural argentino, el negacionismo y el relativismo ha sido un fenómeno marginal, su presencia se ha fortalecido desde la reactivación del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en 2003, exhibiendo una tendencia más pronunciada desde mediados de la década pasada y un mayor énfasis en los últimos dos años.
En los meses previos a la elección presidencial de octubre de 2015, comenzaron a intensificarse en nuestro país los cuestionamientos públicos al proceso de memoria, verdad y justicia. Entendiendo que la campaña electoral y el eventual cambio de orientación en la administración podía ser un escenario propicio para la redefinición de los consensos sociales alcanzados en torno del pasado reciente, algunos actores buscaron impugnar el modo en que se llevan adelante los juicios por delitos de lesa humanidad, convertir a los condenados, procesados e imputados en víctimas, relativizar el carácter criminal del terrorismo de Estado y desacreditar a las víctimas y a los organismos de derechos humanos, principales impulsores de este proceso. Estos discursos se dirigían a la opinión pública en general pero especialmente al nuevo gobierno, procurando que incorporara en su agenda esta perspectiva.
Desde el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de 2015, se verificó una escalada discursiva por parte del oficialismo que, en sus manifestaciones extremas, implicó la negación y relativización de diferentes dimensiones de la experiencia represiva que han sido probadas y sancionadas por la justicia. Existieron declaraciones de funcionarios públicos que cuestionaron el carácter sistemático de la represión, impugnaron el número de las personas desaparecidas, sugirieron que había sido estipulado por los organismos de derechos humanos de modo arbitrario y por motivos espurios, e incluso justificaron las desapariciones como secuelas de una guerra necesaria. La discusión y manipulación del número de víctimas, así como la negación de la sistematicidad de los crímenes son modalidades reconocibles de la práctica negacionista.
Este tipo de expresiones y declaraciones fueron resistidas y cuestionadas por diferentes sectores de la sociedad argentina. El gobierno debió en numerosas oportunidades retractarse o tomar distancia y morigerar el impacto de las declaraciones de sus propios funcionarios. Sobre el fin del mandato de Mauricio Macri, la escalada discursiva se enfocó principalmente en el hostigamiento y descrédito de los organismos de derechos humanos que desde la etapa de la resistencia a la dictadura han encabezado la lucha por memoria, verdad y justicia en nuestro país.
En el marco de la pandemia, este encono con referentes del movimiento de derechos humanos volvió a expresarse en el espacio público bajo características más violentas. El año 2021 se caracterizó por la radicalización del discurso relativista y apologista en el escenario electoral, a partir de la incorporación de nuevos partidos y figuras, en el marco de las elecciones legislativas.
Desde la conformación de la fórmula presidencial de La Libertad Avanza con Javier Milei y Victoria Villaruel para la elección de 2023 se produjo un nuevo giro en relación con este tipo de retóricas. A partir de su triunfo y ascenso al poder, hemos convivido con discursos oficiales que reivindican la represión clandestina e ilegal y buscan “compensar” a las fuerzas armadas por lo que entienden ha sido un trato humillante. Elogios al indulto de las cúpulas militares. Retorno al uso de categorías como guerra y excesos, propios del discurso de la dictadura, para referirse a ese período histórico.
El actual gobierno postula públicamente un cambio de paradigma que designa como “memoria completa”, una denominación acuñada en la post-dictadura por las organizaciones de defensa de los militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. “Memoria completa” alude a la equiparación y justificación del plan sistemático de exterminio de la última dictadura con las acciones de las organizaciones políticas armadas de la época. Complementariamente, se alienta una memoria del combate al enemigo, estableciendo una continuidad entre amenazas del pasado y del presente.
El programa político que subyace no apunta a “completar” la memoria existente sino a cancelarla, para imponer una memoria antagónica. El gobierno no solo abre una discusión sobre la interpretación del pasado, sino que busca impugnar la política pública de memoria, verdad y justicia, construida por gobiernos de diferente signo político desde la transición a la democracia, por su supuesta parcialidad. Los resultados de este nuevo paradigma se verifican en un desfinanciamiento, vaciamiento y desjerarquización inéditos de las políticas estatales de memoria, archivos, reparación y justicia. Por eso, a 50 años del golpe de estado de 1976, la memoria anti-dictatorial, en su carácter resistente y crítico, se revela como indispensable para confrontar esta nueva versión del autoritarismo.