En el marco del aniversario de los 50 años de la última dictadura cívico militar en Argentina, Claudia Poblete (Abuelas de Plaza de Mayo) y Pate Palero (Católicas por el Derecho a Decidir) viajaron a Berlín para compartir sus historias y miradas sobre el presente.
El 24 de marzo tiene desde hace cincuenta años un significado profundo para las argentinas y los argentinos. Para gran parte de la ciudadanía, esta fecha no pasa desapercibida en el calendario. Para muchos de nosotros es el día en que recordamos a nuestros familiares desaparecidos; el día en que nos encontramos en la Plaza de Mayo para abrazar a nuestras Madres y Abuelas; el día en que hacemos memoria en el sentido más amplio de la expresión. Nos reunimos, marchamos, cantamos y conmemoramos uno de los momentos más oscuros de nuestra historia, pero lo hacemos también desde la reivindicación de lo que hemos logrado desde entonces: el fin de la impunidad, la restitución de 140 identidades, la participación activa de la sociedad civil, de los organismos de derechos humanos y de las víctimas en la construcción de políticas públicas que nos enorgullecen. Reafirmamos así nuestro reclamo permanente de más memoria, más verdad y más justicia. Celebramos también los consensos democráticos que han sostenido nuestra vida institucional durante 42 años, el período democrático más largo de nuestra historia.
Son esas las banderas tras las que se alinea un amplio abanico de organizaciones sociales que reivindican sus luchas desde un mismo piso de acuerdo: rechazar el autoritarismo y violencia estatal y las complicidades cívicas que se benefician de la opresión popular. En esas filas se enmarcan -por supuesto- los feminismos, sumando a las marchas del 24 los pañuelos verdes que homenajean el color blanco de Madres y Abuelas. Ellas fueron para la Marea un ejemplo de lucha, en su construcción democrática, en su apuesta por la justicia, y en su obstinación pacífica y creativa. Ellas, desafiando los roles patriarcales, increpando a quienes usurpaban el poder y saliendo al espacio público a reclamar su derecho a la verdad, fueron parte de una generación de mujeres luchadoras que abrieron el camino a una ampliación colectiva de derechos.
Este año, el 50.º aniversario del inicio de la dictadura nos encuentra en un contexto particularmente complejo. No solo enfrentamos el desafío que implica el paso del tiempo y su impacto en la percepción de los procesos históricos, así como la transmisión intergeneracional de la memoria. También debemos enfrentar los embates de un gobierno nacional que ha puesto en la mira las políticas de memoria, verdad y justicia con el objetivo de desmantelarlas. Desde diciembre de 2023, el actual gobierno ha degradado, desjerarquizado y desarticulado la institucionalidad construida desde la restauración democrática. Se han recortado recursos humanos y financieros, se desarmaron equipos y se desmantelaron programas, todo ello acompañado por una campaña de descalificación contra las personas defensoras de derechos humanos.
El Estado se ha retirado de las querellas en los juicios por crímenes de lesa humanidad, ha restringido el acceso a archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad y ha vuelto a habilitar la presencia de militares uniformados en la vida política del país. Los sitios de memoria atraviesan un proceso de asfixia presupuestaria y despidos de personal que limita seriamente su funcionamiento y mantenimiento. A esto se suma la designación en áreas clave de personas sin la idoneidad necesaria, muchas veces alineadas con posiciones regresivas e incluso reivindicatorias del terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, se obstaculizan las investigaciones sobre el robo de bebés.
En paralelo, y con la misma lógica, las fuerzas “libertarias” aplican su negacionismo a las brechas de género y a la violencia machista. Con la excusa de bajar el gasto público, desmantelaron y definanciaron políticas destinadas a erradicar las agresiones misóginas, a promover la justicia reproductiva y a avanzar en la igualdad en el ámbito público. Si bien el marco normativo conseguido bajo gestiones anteriores se mantiene casi intacto, se registran recortes presupuestarios, debilitamiento institucional y desarticulación de los sistemas de prevención, protección y asistencia. La regresión presupuestaria (del 89% respecto al año 2023) impacta en retrocesos entre los que se destacan: la desaparición del Programa “Acompañar” como partida identificable; la drástica reducción de personal en la Línea 144 orientada a la atención de personas en situación de violencia; y las partidas específicas destinadas a educación sexual y protección jurídica de las mujeres. El acceso a la salud sexual y reproductiva encuentra nuevos obstáculos y levanta más barreras para las decisiones autónomas de las mujeres y disidencias. El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva registró una reducción real del 86% respecto a 2023 y para 2025 la participación del programa dentro del presupuesto general de salud cayó al 0,7%. Este desfinanciamiento impacta directamente en el acceso a métodos anticonceptivos, garantía de interrupciones de embarazos, prevención del embarazo adolescente y atención integral de las violencias sexuales.
Mientras todo esto avanza, también se consolida una nueva narrativa impulsada desde el gobierno: la llamada “memoria completa”, que no es más que una narrativa gubernamental negacionista, relativizadora y hasta reivindicadora del terrorismo de Estado, que tiene como objetivo minar el consenso social condenatorio de la última dictadura, poner en duda la legitimidad de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Esto se traduce en una campaña permanente de agravios, estigmatización del movimiento de derechos humanos que se utiliza principalmente para justificar el desmantelamiento de las políticas públicas. Este discurso alega que el proceso de justicia fue vengativo y sesgado, que el proceso de memoria fue “parcial” o “incompleto” y rehabilita la categoría de “enemigo interno” y “terrorista”, refutando también el número de desaparecidos.Este abordaje claramente no busca “completar” la memoria sino cancelarla e imponer una “memoria antagónica” justificando el terrorismo de estado e imponiendo una suerte de apología.
En la “batalla cultural” que La Libertad Avanza encarna, adaptando las consignas “anti-woke” de Trump al contexto local, los feminismos (y más explícitamente “las feministas”) son otro foco en la mira de Milei. El carácter transformador de un movimiento que se renueva con generaciones jóvenes, que se expande a lo largo del país y contagia a la región, y que convoca a identidades sociales y políticas diversas, amerita permanentes campañas de difamación y estigmatización desde ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, cuando no expresiones burlonas, discriminatorias y ofensivas contra activistas y referentes de parte del mismísimo Presidente de la Nación y un extenso aparato de comunicación oficial y para-oficial que reproduce y multiplica sus mensajes.
Nuestra recorrida durante este mes por la historia de la Europa del siglo pasado nos confirma la coincidencia con el clima que vivió la Alemania del nacional socialismo. Las visitas que pudimos realizar a los centros de memoria y campos de exterminio de Berlín, nos permitieron conocer artículos de prensa, fotografías y documentos de una época en la que se “institucionalizaron” procedimientos para el exterminio de “otredades peligrosas”. La habilitación e incitación a la violencia, la naturalización de la estigmatización a grupos poblacionales diferenciados, la construcción e instalación de una narrativa distorsionada a través de la comunicación monopólica y la persecución de las voces disidentes, guarda un espeluznante parecido con la realidad actual de nuestro país. Lejos de ser un fenómeno aislado, estas posiciones dialogan con narrativas que circulan hoy en distintos espacios de la derecha global: la denuncia de una supuesta “hegemonía cultural progresista”, la descalificación de los organismos internacionales de justicia y derechos humanos y la promoción de interpretaciones revisionistas del pasado. Los cuestionamientos actuales del gobierno argentino no pueden leerse únicamente como una polémica historiográfica, sino como parte de una disputa política más amplia sobre el sentido de la democracia y el lugar de los derechos humanos en el presente.
En distintos puntos del mundo se observa un avance sostenido de fuerzas de derecha radical. Desde Europa hasta América, estos proyectos políticos combinan programas económicos ultraliberales con una fuerte ofensiva cultural dirigida contra los movimientos sociales, el feminismo, los organismos de derechos humanos y las instituciones multilaterales. No se trata únicamente de una disputa electoral o programática: en muchos casos, estas derechas buscan redefinir el marco mismo de la democracia contemporánea, erosionando consensos básicos sobre el rol del Estado, la protección de derechos y la interpretación del pasado reciente. La batalla por la memoria histórica —especialmente en sociedades atravesadas por experiencias de violencia estatal o dictaduras— se ha convertido en uno de los terrenos centrales de esta confrontación política. El gobierno encabezado por Javier Milei se inscribe con claridad en este nuevo ciclo político global, y pretende mostrarse como un “laboratorio” en donde instalar al máximo las consignas de un nuevo paradigma de convivencia social internacional, de imposición de la fuerza, y de “supremacismo”.
Nos sigue resonando la advertencia de nuestra compatriota Dolores Fonzi, premiada en la ceremonia de los Premios Goya por su película “Belén”. Nuestra actriz y directora, dejó un mensaje a la comunidad europea y al mundo: “Vengo del futuro”, porque lo que está ocurriendo en Argentina puede extenderse a otras fronteras, y poner en peligro derechos que las nuevas generaciones han naturalizado.
Nuestra región tiene un inagotable acervo de resistencia, de esperanza, de solidaridad. El ejemplo de lucha y el aporte a favor de la paz de las Madres y Abuelas ha sido reconocido a nivel internacional. La articulación feminista llevó el pañuelo verde a los rincones más lejanos del planeta. Alentamos a unirnos en una alianza transnacional contra el odio y las guerras, contra el fascismo y la deshumanización para sembrar nuestra esperanza infinita en un mundo que no deje a nadie afuera, nuestra esperanza funcionando como motor político para defender lo conquistado y proyectar un futuro donde la memoria y los derechos sostenidos colectivamente sean la garantía de democracia, dignidad y justicia para las generaciones presentes y las que vendrán.
