Nueva política exterior argentina: disociados y negadores

De dónde venimos

Argentina, como parte de los países fundadores de la Organización de Naciones Unidas, tuvo desde sus inicios y aún antes, un compromiso con los espacios multilaterales como herramientas para sepultar en el pasado los horrores que habían dejado las grandes guerras.

Nuestro país hizo aportes históricos para la construcción de los derechos humanos, y las cortes y los comités de ONU y OEA protegieron -e incluso salvaron- a miles de personas detenidas irregularmente durante los años del terrorismo de Estado. Sus foros brindaron oportunidades para visibilizar el genocidio que atravesó el país entre el ’76 y el ’83. Así mismo, la posterior lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, colaboró en la definición del derecho a la identidad a nivel internacional. Los artículos 7, 8 y 11 de la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas son nombrados como “los artículos argentinos”, y garantizan el derecho a un nombre, a una nacionalidad y a conocer a sus padres.

Los sucesivos avances en materia de derechos, expresados en diferentes “generaciones” y perspectivas, fueron acompañados por Argentina, con una presencia activa en las conferencias y con actualizaciones de sus marcos legislativos alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En relación al Objetivo 5 (“Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”), la solidez de los movimientos de mujeres, feminismos y diversidades, con dinámicas de construcción plural, transversal y federal, estableció una dinámica de “ida y vuelta”, en la que los debates locales aportaban a los regionales, y viceversa. Así, el país generó en el centro y sur del continente una sinergia a favor de las políticas de igualdad, demostrando con datos estadísticos y evidencia científica, los beneficios de avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias1.

En esta misma línea, Argentina fue anfitriona de la Conferencia Regional sobre la Mujer del año 2022, que se centró en un debate profundo y novedoso respecto al derecho al cuidado. El liderazgo de la Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres de Argentina fue clave para consensuar el “Compromiso de Buenos Aires”, que delineó las bases para reconocer el derecho de las personas a cuidar, ser cuidadas y a ejercer el autocuidado, desde una perspectiva de género y de sostenibilidad. 

Incluso, a posteriori nuestro país presentó ante la CIDH una solicitud de Opinión Consultiva sobre “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. Como resultado de este proceso, en agosto de 2025, se definió por primera vez al cuidado como un derecho humano autónomo, no solo como una obligación familiar o un tema social fragmentado.

A esa altura, una nueva gestión de gobierno no sólo había intentado retirar esa solicitud (argumentando su oposición a intervenir en “asuntos de soberanía”), sino que con las mismas razones había anunciado su retiro de la OMS y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es que con la asunción de Javier Milei, la política exterior de Argentina ha recorrido un definido camino en reversa.

Topos y túneles

A partir del cambio de signo político en 2023, la representación diplomática argentina y sus intervenciones en los debates y votaciones aparecen como ambiguas, oscilantes, y poco profesionales. Podría suponerse una “estrategia” detrás de estos gestos contradictorios. Una adaptación del “topo que viene a destruir el Estado” (tal como el actual primer mandatario se definió frente al sitio de noticias “The Free Press”), destinado a descalificar, deteriorar y obstaculizar los espacios internacionales.

Las incoherencias en las manifestaciones públicas, las idas, las venidas, las renuncias, y los reemplazos también dejan claras señales sobre túneles y canales intestinos, rencillas y desavenencias dentro de la alianza política de gobierno.

Con Javier Milei en el poder, se sucedieron en dos años tres cancilleres. Diana Mondino asumió en diciembre de 2023 y renunció en octubre de 2024, luego de votar en la Asamblea General de ONU a favor de una resolución que pedía el cese del embargo de Estados Unidos a Cuba. Gerardo Werthein se incorporó en noviembre de 2024 y permaneció hasta octubre de 2025, cuando trascendieron las tensiones por gestiones paralelas del influyente asesor presidencial Santiago Caputo. En esa oportunidad, asumió Pablo Quirno, un banquero sin experiencia diplomática ninguna, quien se desempeña hasta la actualidad.

Ante la OEA, ya pasaron: Daniel Raimondi (desde diciembre de 2023 a abril de 2024), Sonia Cavallo (de mayo de 2024 a marzo de 2025) y Carlos Cherniak (de marzo 2025 a la actualidad).

También fue removido Eduardo Bustamante, ex vicecanciller de Mondino, a quien se le manifestó que “no estuvo a altura y se alejó de la línea fijada” por la presidencia.

Todos estos cambios se producen en medio de un goteo de renuncias, licencias y desplazamientos significativos de funcionarios de mediano y alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, vaciando la estructura de la política exterior de profesionales de carrera, con alta calificación laboral.

La “batalla cultural antigénero”

Los feminismos y las propuestas que promueven la igualdad de género han estado en el centro de la discursividad libertaria, con expresiones descalificadoras, tergiversadoras y hasta discriminatorias. Es evidente que el gobierno de Milei se posiciona como una punta de lanza del neo-conservadurismo global en materia de género y derechos humanos.

Milei y sus principales voceros encuentran en los movimientos de mujeres y diversidades la más alta peligrosidad para sus planes, y le destinan dinero, tiempo, fakes y trolls para desacreditar y distorsionar los avances en derechos logrados con consensos democráticos y respaldo jurídico internacional. Estas acciones se articulan a nivel regional, por lo que el avance de las derechas en el mundo actúa con un efecto potenciador. La llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense en enero de 2025 aceleró y dio un marco de legitimación a esta convergencia ideológica. A partir de ese momento, Argentina intensificó su alineamiento con la agenda trumpista, replicando discursos sobre la supuesta “ideología woke” y profundizando su distanciamiento respecto de los organismos internacionales. Las decisiones de retirarse de la OMS y de la COP29, junto con la creciente hostilidad hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, forman parte de esta deriva geopolítica que coloca al país en un eje de confrontación con las estructuras multilaterales tradicionales.

Agustín Laje, uno de los más gravitantes asesores presidenciales, para el último 25 de noviembre (Día Internacional para erradicar la violencia hacia las mujeres) publicó un listado de “logros” en la batalla cultural “antigénero”. Según su particular interpretación, algunos de ellos serían: el cierre del Ministerio de la Mujer; el “fin de la ‘perspectiva de género’” (sic); el vaciamiento de insumos para abortos; la defensa del concepto biológico de mujer; la lucha contra la expresión “derechos sexuales y reproductivos”. Pero también: el nombramiento de la Virgen de Luján como Generala de Gendarmería; la incorporación del pesebre en Casa Rosada como signo de la llegada de la navidad; o el retorno de los desfiles militares. La inconsistencia y arbitrariedad del análisis responde a una metodología de trabajo muy frecuente entre algunos funcionarios de LLA.

Algunos estos “logros” enunciados por Laje, responden a medidas que han sido objeto de numerosas denuncias ante la justicia y a reclamos públicos de organizaciones de la sociedad civil que vienen advirtiendo sobre los riesgos y el impacto social de desmantelar equipos de profesionales, vaciar de insumos, estigmatizar a movimientos ciudadanos y habilitar discursos de odio. 

No pueden pasarse por alto los propios dichos de Milei, quien en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del corriente año, desconoció la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, calificándolos como un entramado ideológico incompatible con su visión de política pública. En esa misma línea, el gobierno se opuso al Pacto para el Futuro, un instrumento orientado a enfrentar desafíos globales como la desigualdad, el cambio climático y la gobernanza financiera internacional. La ruptura con los consensos internacionales se profundizó en octubre, cuando el país se convirtió en el único miembro del G20 en rechazar una declaración conjunta sobre igualdad de género, un gesto diplomático que evidenció el aislamiento voluntario del gobierno y su adhesión a posiciones extremas2.

Lo que no se nombra

El 14 de noviembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hizo eco de un pedido de audiencia formulado por instituciones de la sociedad civil que pusieron en evidencia los retrocesos en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina. El representante del gobierno argentino hizo una justificación economicista de los recortes implementados y advirtió que el gobierno gestionaba una “transición desde instituciones centradas en la erradicación de la violencia de género hacia instituciones orientadas a la erradicación de toda forma de violencia”. Entonces la relatora sobre los derechos de las mujeres, Roberta Clarke, se ocupó de recordar que “lo que no se nombra no existe” y frente al propósito transicional del gobierno argentino agregó: “Yo tendría que decir que eso es profundamente problemático. Lo sabemos porque desde hace mucho tiempo se ha estudiado y se ha establecido que la violencia contra las mujeres y niñas es un ejercicio de poder y control por parte de hombres como respuesta a la perpetuación de la ideología de que las mujeres son subordinadas a los hombres. Ya lo sabemos”.

La anécdota ilustra perfectamente el profundo retroceso de Argentina en materia de derechos humanos en general, pero muy especialmente en cuestiones de género. Lo cual, lejos de tratarse de un episodio aislado, da cuenta de una estrategia coherente orientada a desarticular consensos previamente consolidados y reconfigurar el sentido de categorías de derechos humanos en el plano internacional.

Otro “papelón diplomático” tuvo lugar durante la participación argentina en la CSW69 de marzo de este año, donde la delegación encabezada por Úrsula Basset no se limitó a expresar disconformidad con determinadas resoluciones, sino que buscó redefinir el marco conceptual de la agenda internacional de género3. Sostuvo que el término “género” debe ser entendido exclusivamente como una expresión binaria hombre-mujer conforme al Estatuto de Roma, a lo que le agregó que interpretar la ley desde una perspectiva de género dejaría fuera “otras vulnerabilidades” supuestamente más urgentes que las de las mujeres. 

La actuación del gobierno de Milei en las sucesivas Asambleas Generales de OEA se alinea en las mismas estragias y lo iniciado en 2024 se profundizó en 2025. En 2024 la presencia argentina fue particularmente activa en las comisiones y en la Asamblea General, mientras que en 2025 las intervenciones fueron más acotadas, pero no menos estratégicas. Más allá del tono, se mantuvo intacto el objetivo: cuestionar la incorporación en los documentos oficiales de nociones como perspectiva de género, interseccionalidad, mujeres en toda su diversidad, igualdad de género, salud sexual y reproductiva o paridad. En 2024 esta estrategia se desplegó mediante tácticas de intervención directa en documentos previamente negociados, promoviendo consensos alternativos para remover terminología clave y reemplazarla por formulaciones regresivas (como la sustitución de “familias” por “familia”). 

Y si de símbolos se trata, un último ejemplo ilustra la obstinación en instalarse en paradigmas ya superados: a fin de 2026 se elegirá una nueva Dirección General de ONU para la que ya han sido propuestas cuatro mujeres. Argentina es el único país que propuso a un varón.

¿Disociados o esquizoides?

En la misma tesitura, la cancillería argentina inauguró este año la voluntad de “disociarse”. Tal vez, valga la pena recordar aquí que, al caracterizar la esquizofrenia, las definiciones suelen mencionar “una disociación específica de las funciones psíquicas”. 

En noviembre de 2024, en un voto siniestro y vergonzante, en una postura de aislamiento que casi no tiene antecedentes, Argentina fue el único país del planeta que votó una resolución en la ONU en contra del conjunto de naciones. A favor de la resolución votaron 170 países, 13 se abstuvieron y sólo la representación argentina se mostró en contra de "intensificar los esfuerzos para erradicar la violencia contra mujeres y niñas en entornos digitales".

Alguna voz sensata de la diplomacia debe haber llamado a la reflexión y pocos días después, porque menos de un mes después, en otro acto vergonzante, Argentina “inventó” el “voto disociado”. El entonces embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, aclaró que “la República Argentina en su compromiso para velar por los derechos y la protección de todas las personas que habitan el suelo argentino, ha decidido acompañar el título de esta resolución”. Pero, inmediatamente aclaró que el país quería “dejar constancia de su disociación en todos sus párrafos”. O sea, ¿votamos el título, pero no el contenido? De diván.

Probablemente satisfechos del resultado de esta primera experiencia “disociativa”, en junio de este año, esta vez en la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno argentino intentó “disociarse” de una ONG de actuación internacional. Ante los asombrados testigos del hecho, el representante argentino propuso vetar, de forma arbitraria, la participación de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) en la 55ª Asamblea. La grave acusación: nuestra ONG tiene un posicionamiento favorable al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho que garantiza una ley vigente en Argentina. Estableció así un nuevo precedente al intentar vetar la participación de una organización de la sociedad civil, cuya presencia está establecida y reglamentada, precisamente para permitir la presencia de voces no oficiales en la dinámica de los organismos internacionales.

La propuesta no tuvo ningún eco y las integrantes de CDD, Analía Mas y Rocío García, fueron las encargadas de presentar un documento que volvió a denunciar los recortes, retrocesos y censura contra quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos en la región, a pesar del esfuerzo de silenciamiento.

La introducción de estas reservas, aclaraciones y objeciones se hace con el único objetivo de replantear marcos normativos que ya contaban con consenso, generando una revisión que obliga a bajar los estándares de acceso a derechos para llegar a consensos. El gobierno de Milei en cada oportunidad demandó la utilización de conceptos “neutros” que lo que hacen, en realidad es vaciar de contenido las categorías que fueron elaboradas para reconocer derechos de las mujeres, de los colectivos LGBTTTIQ+ a lo largo de los años, además de generar la reapertura de debates que ya se consideraban superados y generar incertidumbre sobre el compromiso estatal con los estándares internacionales.

Conclusiones

Es fácil frente a este panorama caer en la tentación de caracterizar al gobierno argentino como un colectivo de mentirosos e improvisados. Pero lo real, es que ciertos propósitos de fondo son cumplidos de modo metódico y sistemático, a veces, brutalmente. En un contexto latinoamericano donde subsiste un consenso básico en torno a la protección de los derechos humanos y la igualdad de género, Milei coloca a la Argentina explícitamente a contracorriente, contradiciendo la tradición del país proyectando una imagen de país poco confiable en el cumplimiento de obligaciones internacionales. 

Hay un principio prevalente por encima de cualquier otro: la subordinación del país a la geopolítica de Estados Unidos, del capital financiero y de Donald Trump. La reconfiguración de un país con menos derechos y garantías populares, con menos organizaciones del pueblo, con menos industrias. Pero con más plusvalía para el gran capital y reprimarizado para exportar hidrocarburos, minerales y cereales.

De hecho, se hace cada vez más palpable la contradicción de las derechas, que enuncian su vocación de "insertarse en el mundo", pero, para hacerlo, se alinean con países y políticas en una relación de total subordinación, en un ecosistema de países esclavos, atrasados, pobres y dependientes.

Muchas veces nos ponen en el centro del debate, en parte, porque nuestro discurso igualitario es subversivo respecto a su modelo y en parte porque es un recurso efectivo para fidelizar sus audiencias.

Pero debe quedar claro que el objetivo principal del gobierno no somos "las feministas", sino las grandes mayorías castigadas por años de vulneraciones estructurales, genuinas pagadoras del ajuste de Milei. 

Y también debemos decir que, pese a los denodados esfuerzos y a los ataques sistemáticos, la batalla cultural no la han ganado, que el movimiento resiste pese al contexto misérrimo en el que tienen a las mayorías y pese a la persecución a toda forma de organización popular.