Las políticas de memoria, verdad y justicia ante la ofensiva revisionista
Desde la restauración de la democracia en la Argentina, las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, han sido creadas y sostenidas por gobiernos de diferentes partidos y signos ideológicos, y por los tres poderes del Estado. Se trató de un proceso de construcción arduo y colectivo, con coyunturas adversas y favorables, pero que fue generando un acumulado social e institucional significativo, al punto de consolidarse como una parte identitaria de nuestra comunidad, por la que somos reconocidos en el mundo. Hoy, sin embargo, como nunca antes, nos enfrentamos a embates destructivos.
Las decisiones tomadas desde 2023 por el actual gobierno apuntaron en todos los casos a la degradación, desjerarquización, desmantelamiento o destrucción de la institucionalidad construida. No sólo recortó recursos humanos y financieros de manera drástica, también desactivó capacidades institucionales indispensables para la implementación de las políticas: desarmó equipos, suprimió funciones, abolió estructuras y programas, e invalidó articulaciones entre organismos. Este sesgo destructivo se acompañó con una campaña pública persistente de descalificación, tanto de las políticas como de sus principales impulsores/as.
Históricamente, este conjunto de iniciativas estatales se conformó en un contexto de participación y diálogo político e institucional con las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil movilizada. Esta participación resultó crucial para su impulso y legitimación y, en muchos casos, también para gestionarlas. Sin embargo, este gobierno ha planteado el control unilateral de estas políticas como parte de su batalla cultural. Como consecuencia, el rol de la sociedad civil en su implementación, asesoramiento o supervisión es minimizado, cuestionado o suprimido.
Las intervenciones adversas que sistematizamos en esta publicación contravienen el espíritu de normativas nacionales y del derecho internacional de los derechos humanos. Así le fue señalado al gobierno por diversos organismos del sistema regional y universal. Pero también por jueces, juezas, fiscales y tribunales nacionales. En la gran mayoría de los casos, estas actuaciones fueron impulsadas por organizaciones de derechos humanos y/o colectivos de sobrevivientes. El gobierno respondió formalmente, sin acusar recibo efectivo por los reclamos y recomendaciones, y sin alterar su voluntad regresiva.
A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, esperamos que este informe contribuya a dimensionar los embates sufridos por las políticas de memoria, verdad y justicia, a las que no solamente consideramos un logro institucional sino el resultado de una lucha social prolongada. Esta dimensión social de las políticas así como su carácter transversal a los partidos y poderes del Estado es lo que quisimos poner también en evidencia. La reconstitución de esa energía social, política e institucional en defensa de los derechos humanos es la tarea prioritaria para enfrentar al autoritarismo.